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– El director general de Relaciones con las Cortes valora el importante esfuerzo de la Generalitat por retornar a las arcas públicas recursos «hurtados a los valencianos en casos de corrupción»
– Las cantidades recuperadas proceden fundamentalmente de los casos Cooperación y Emarsa, así como del cobro de derechos liquidables de actuaciones urbanísticas de Terra Mítica
– Actualmente hay procedimientos administrativos y judiciales en proceso que permitirán recuperar otros 4 millones de euros
La Generalitat ha recuperado un total de 7,24 millones de euros, y tramita la recuperación de otros 4 millones, de fondos o elementos patrimoniales que habían sido indebidamente sustraídos de las arcas públicas en casos de corrupción antes de 2015.
En concreto, la Oficina de Recuperación de Activos ha abierto 40 expedientes para promover acciones administrativas o judiciales que permitan la recuperación del patrimonio desde su puesta en funcionamiento en el año 2015.
El director general de Relaciones con las Cortes, Antonio Torres, ha valorado el importante esfuerzo que el Consell está realizando para recuperar el máximo de recursos que fueron detraídos de la hacienda pública en asuntos como el caso Cooperación, el caso Emarsa o el cobro de derechos liquidables de las actuaciones urbanísticas de Terra Mítica.
En este sentido, Torres ha destacado que el Consell ha trabajado desde el primer día por recuperar los recursos públicos hurtados a los valencianos en casos de corrupción, y destinar estos fondos a lo que realmente hay que destinarlo que es a servicios públicos para los ciudadanos».
Asimismo, ha señalado que actualmente todavía existen actuaciones de relevancia económica pendientes, para la recuperación de otros 4 millones de euros. En concreto, se ha referido a la existencia de 13 inmuebles, así como dos apartamentos en Miami que se encuentran en proceso de subasta, pertenecientes a los condenados en el caso Cooperación.
A través de la representación jurídica la Generalitat ha velado por una adecuada defensa de los intereses públicos y se ha personado en asuntos de repercusión social y trascendencia económica, documentando adecuadamente los perjuicios ocasionados a las arcas públicas derivados de actuaciones antijurídicas, así como reclamando el cobro de activos de la Generalitat que no habían sido exigidos.
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