El abogado y ex dirigente socialista Manolo Mata ha cuestionado este miércoles el origen de las investigaciones judiciales que derivaron en los casos Azud, en el que están implicados varios políticos del PP y del PSPV, y Erial, donde se investiga al expresident y exministro Eduardo Zaplana.

Mata ha sido el último abogado en presentar su informe final en el juicio del caso Alquería que se sigue en la Audiencia de Valencia contra el expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez y otras trece personas por haber contratado, supuestamente de forma irregular, a varios altos cargos en la empresa pública Divalterra, antes Imelsa.

«En un caso son denuncias anónimas, en otro los papelitos del sirio, y aquí no sabemos qué se le iluminó a los denunciantes para presentar esta querella», ha señalado en relación al origen de otras macrocausas de corrupción como Azud, Erial o Alquería.

Los conocidos como «papeles del sirio» tienen su origen en un registro en el despacho de abogados del exgerente de Imelsa y autodenominado ‘yonqui del dinero’, Marcos Benavent (protagonista principal de otra macrocausa vinculada con la corrupción, el caso Imelsa), y están considerados por los investigadores como la «auténtica hoja de ruta» para el supuesto amaño de las licitaciones por la Generalitat del Plan Eólico y las ITV y el aparente cobro de comisiones ilícitas (la base del caso Erial).

Los documentos estaban en poder de Marcos Benavent porque se los había entregado en el año 2012 una persona de origen sirio llamada Imad, que dijo haberlos encontrado «abandonados» dentro de un sobre unos diez años antes, alrededor de 2007, en una vivienda en la que residió en régimen de alquiler, cuyos propietarios fueron entre 1998 y diciembre de 2006 Zaplana y su esposa.

Un caso de lo Contencioso-Administrativo

Este miércoles, Mata ha centrado su informe en la posición de que «la clave de bóveda del caso Alquería no es la jurisdicción Laboral ni la Penal», sino la de lo Contencioso-Administrativo, que debería haber analizado la «idoneidad» de los nombramientos en caso de que alguien los hubiese cuestionado.

«Imelsa y Divalterra eran medios propios, un procedimiento para hacer política -ha argumentado-. En noviembre de 2015 Tíller y Brines dieron una rueda de prensa, se hizo público el reparto de competencias entre PSPV y Compromís, dijeron que ponían a gente de confianza al frente de las áreas de Gobierno y garantizaron que allí todo el mundo entrara regularmente. Esto no es un problema laboral. El fiscal en su informe citó 20 sentencias del Supremo, toda del ámbito de lo Social, ninguna Penal».

«El Supremo dice que los cargos directivos son de libre designación, por mérito y capacidad, pero sobre todo por idoneidad. En una empresa pública se elige a quien se considera oportuno y está abierta la vía de lo contencioso-administrativo si alguien quiere cuestionar la idoneidad -ha defendido Mata-. No hay ninguna sentencia laboral que hable de publicidad y concurrencia, y casi ninguna de mérito y capacidad, porque la legislación laboral analiza despidos, no cómo alguien entra a trabajar en un sitio».

Cuestiona que se consideren malversación los sueldos

Mata ha insistido en que «alguien muy listo dio cobertura a las contrataciones» y ha cuestionado que se considere malversación los sueldos de los altos cargos contratados.

Ha criticado asimismo que se admitiese una denuncia que aportaba unos correos electrónicos en los que el denunciante no era emisor ni receptor, ni estaba en copia, de dichos mensajes.

También en relación a la instrucción de esta causa, ha llamado la atención sobre el hecho de que «no hay correos de (José Luis) Vera -ex responsable jurídico de Divalterra, procesado en otra macrocausa de corrupción, el caso Azud-» y se ha preguntado si «eso quiere decir que alguien pudo meter la mano» en la prueba.

En este mismo sentido, ha anunciado que, en calidad de letrado, recibirá próximamente el sumario del caso Azud, sobre el cual ha asegurado que está convencido de que no se les facilitará «todo», porque «seguro que se verían los correos de Vera con la Fiscalía donde ser vería cómo se preparó todo este montaje».

«Tras las detenciones, con GEO y helicópteros, uno de los acusados ha visto cómo su madre se suicidaba, el resto ha quedado como apestados, no pueden trabajar», ha lamentado Mata.

«Se habla del supuesto mal uso del dinero público, pero me gustaría saber qué ha costado este procedimiento, el uso de esos helicópteros…», ha insistido.

A su juicio, la Policía Nacional usó «atajos» en el escrutinio del material incautado a los procesados, un proceso en el que «Ximo Puig fue un término de búsqueda» y en el que se asumió que «todos los políticos son corruptos y se expolió toda su vida digital».