La Diputación de Castelló recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en la que se condena a la institución provincia, a pagarle a la Sociedad de Proyectos Temáticos (SPTCV) de la Comunitat valenciana 531.000 euros por una factura derivada de su aportación como copatrocinador del torneo de golf Masters-Castellón Costa de Azahar en 2011.

Así lo han anunciado esta mañana los portavoces en el equipo de gobierno del PSPV, Santi Pérez, y de Compromís, Ignasi Garcia, quienes han acusado a los anteriores gobiernos del Partido Popular de “eludir su responsabilidad y motivar la apertura de un procedimiento judicial  por parte de la Generalitat para reclamar su dinero.

La Diputación copatrocinó el torneo de golf desde 2008 a 2011 según un convenio inicial suscrito por el entonces presidente de la institución provincial, Carlos Fabra, con la Generalitat y las empresas promotoras del evento. En concreto, la entidad provincial pagó a Match Golf Consulting un total de 1.433.000 euros a través de cuatro contratos de patrocinio: en 2008, 348.000 euros; en 2009, 352.872 euros, en 2010, 361.827 euros y en 2011, 364.722 euros.

Al convenio de colaboración con la SPTCV se le añadió una adenda, firmada el 17 de octubre de 2012,suscrita por Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón;  Nicolás Figueras, director general la SPTCV y representantes de las empresas Match Golf Consulting  y de Birdie Diseño y Clase, por la que ambas instituciones se comprometían a pagar, además de la cantidad fijada en el convenio inicial de 2008, una aportación extra de 3.540.0000 euros para compensar la falta de patrocinadores privados en dicho evento.

La sociedad pública de la GVA procedió a pagar esta cantidad a las empresas mediante dos transferencias: 3.009.000 euros correspondientes a su parte, y 531.000 euros que le correspondían a la Diputación, “que nunca llegó a abonar”.

Adenda de 2012

Para Santi Pérez, “una de las cuestiones más graves es que el señor Javier Moliner ocultó información a esta casa, porque nunca informó por los cauces correspondientes de esa adenda de 2012”. Para el diputado provincial, “estamos ante una nefasta herencia del PP, pero no estamos hablando del fabrismo sino de esa etapa de supuesta regeneración del PP que tanto vendieron el señor Moliner y algunos de sus diputados que hoy siguen en esta casa o en puestos de responsabilidad”.

Según Pérez, “Moliner ser vanaglorió de haber acabado con el torneo de golf y defendió su rectitud, ejemplaridad y transparencia pero, ¿saben dónde dejó el PP esta ejemplaridad? En un cajón, pero literal, porque la adenda firmada el 17 de octubre de 2012  la guardó sin pasarla por ningún órgano colegiado y sin intención de pagarlo”.

Y la sentencia del TSJ del 26 de enero de 2021, recuerda Santi Pérez, es clara al destacar que, aunque la gestión sea de 2012, es la actual Diputación la que debe pagar ahora este dinero pues se trata del “cumplimiento de un convenio” porque en él se ha pactado, de forma clara e inequívoca, que han de transferir unas determinadas cantidades”.

Santi Pérez  ha finalizado su intervención insistiendo en que el equipo de gobierno recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Supremo “porque nuestro principal objetivo es defender los intereses de los castellonenses, y porque no es justo que, precisamente ahora, cuando más recursos se necesitan para atender la actual crisis económica y social provocada por la pandemia, nos veamos obligados a pagar con dinero público de todos los castellonenses los despropósitos del Partido Popular”.

Ocultar información

Por su parte, Ignasi Garcia, portavoz de Compromís en el equipo de gobierno, ha calificado los hechos como «el fruto de una gestión nefasta del Partido Popular al frente de las instituciones públicas» y de «el uso interesado que hizo la derecha para favorecer empresas privadas, a las cuales usaron para enaltecer las figuras de sus líderes».

Un «modus operandi» del cual se quiso desmarcar Moliner, a quien acusa de haber impedido «el ejercicio de la democracia» por querer ocultar la documentación al resto de grupos con representación en la Diputación de Castelló e «impedir la fiscalización» a través de los mecanismos de control público, como el plenario.

«Vendieron la falacia de la regeneración y ahora pagamos las consecuencias de su dejadez de funciones», ha dicho el portavoz valencianista. «Este equipo de gobierno defenderemos los intereses de la ciudadanía de la provincia y negociaremos con la Generalitat como compensar las deudas entre ambas instituciones» con el objetivo de poder destinar estos recursos a ser «escudo social» contra la pandemia.