El tribunal del jurado juzgará desde el próximo lunes y hasta el 21 de diciembre, en la Audiencia de Valencia, al exalcalde de Gandia Arturo Torró y a un empresario por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual entre 2012 y 2015.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, Torró (entonces en el PP), a través de una empresa municipal, concibió, promovió y asumió la obligación de pagar a la mercantil que gestionaba el otro procesado, el empresario Ricardo Manuel Faura, diversas cantidades de dinero público, pese a que sabía que no había causa que lo justificase y causando un claro perjuicio para las arcas públicas.

La Fiscalía solicita para ambos acusados una pena de prisión de ocho años, avanza este viernes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En su escrito de acusación el fiscal señala que en diciembre de 2011 «la empresa pública municipal «Iniciatives Publiques de Gandia-S.A.U» (I.P.G. S.A.U.)- recibió una encomienda de gestión del Ayuntamiento de Gandia para la realización de las actividades de comunicación que hasta su cierre poco antes venía desempeñando la televisión municipal».

Esta empresa contrató con Comarques Centrals Televisió S.L e Inversiones Especiales del Mediterráneo S.L. (Tele 7), por importe de 1.770.000 y 1.768.584 euros respectivamente, en febrero de 2012.

Un año después, en febrero de 2013, Iniciatives Públiques de Gandia S.L. y la mercantil Comarques Centrals Televisió S.L. resolvieron el contrato «por supuestas dificultades no concretadas, asumiendo la empresa pública la obligación de pagar a Comarques Centrals Televisió S.L. la cantidad de 500.000 euros de dinero público, a sabiendas de que no había causa que lo justificase», añade el fiscal.

Torró, «aprovechando su condición de alcalde del Ayuntamiento de Gandia y presidente del Consejo de Administración de IPG, utilizando la empresa municipal IPG, concibió, promovió y asumió la obligación de pagar a Comarques Centrals Televisió S.L. la cantidad de 500.000 euros de dinero público, a sabiendas de que no había causa que lo justificase, causando un claro perjuicio para las arcas públicas».

El Ministerio Público pide para Torró la pena de 8 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, inhabilitación absoluta durante 20 años, y abono de costas procesales.

El Ministerio Público solicita la misma pena para Ricardo Manuel Faura, administrador de la mercantil Comarques Centrals Televisió S.L., con sede en Xàtiva, al que considera cómplice de estos hechos.

Ambos deberán pagar además al Ayuntamiento de Gandia, por el perjuicio causado a las arcas públicas, 480.000 euros, más intereses legales.

También están citados al juicio, entre otros, el actual regidor del PP de Gandia Antonio Abad y Cristina Serrano, exasesora del departamento de economía y hacienda del consistorio, y que fue alto cargo de la Conselleria de Medio Ambiente durante los mandatos de los exconsellers Rafael Blasco, Esteban González Pons y Juan Cotino.