Las diputadas de Unides Podem, Marisa Saavedra, Txema Guijarro, Roser Maestro y Rosa Medel han presentado una Proposición No de Ley en el Congreso en la que exigen un debate en profundidad sobre el actual redactado de la Ley de Costas dado que su última revisión data de hace una década.

El grupo parlamentario asegura que es «más que necesaria la revisión de la Ley de Costas aprobada en 1988 y revisada en 2013, para adaptarla a las nuevas realidades ambientales y climáticas, y sus consecuencias en el plano económico y social en toda España y especialmente en la Comunitat Valenciana».

Se trata de una acción unitaria que se realiza de manera unitaria presentando PNL en el Congreso de los Diputados, en Les Corts Valencianes y como moción en los Ayuntamientos donde Unides Podem tiene representación.

Saavedra ha insistido en que «frente a la inacción o la demagogia de otros partidos, que durante años han estado en posiciones de gobierno y no han hecho nada, nosotras planteamos una propuesta realista y equilibrada, que puede no satisfacer al 100% a todas las partes pero que viene a mejorar la situación».

Afirma que “Esta PNL incide en la necesidad de diferenciar el trato que se dé a los núcleos de población con valores históricos y culturales, y las operaciones urbanísticas especulativas que, a expensas del litoral, han propiciado grandes negocios inmobiliarios en el territorio.”

Se exige que quede garantizado que no habrá nuevas intervenciones urbanísticas que puedan afectar negativamente la línea de costa. Como las ampliaciones de instalaciones portuarias, como el caso de València o nuevos complejos residenciales como los que amenazan Cala Mosca, en Alicante, o la Renegá a Castelló, y que se apruebe una moratoria en este tipo de intervenciones.

La diputada explica que «los propietarios no pueden vivir con la angustia de no saber qué pasará con sus viviendas y, por eso, proponemos que todos los proyectos de delimitación del dominio público terrestre y marítimo (“deslinde”)” se hagan de manera transparente y participativa, también con participación de los ayuntamientos, y que, llegado el caso, en aquellas situaciones más sensibles se acuerden procesos de transmisión de la propiedad atendiendo a la seguridad jurídica y la legítima confianza».

Txema Guijarro destaca que «estamos en una situación de emergencia climática que, en cuanto a afectación a las costas, significa una subida del nivel del mar que los científicos nos anticipan de manera unánime, y por eso, no podemos seguir ni con la inacción, ni con proclamas demagógicas de soluciones milagrosas, y hace falta, de manera urgente planificar obras de protección que ayuden a preservar de manera natural nuestras costas, ejecutar de una vez de renaturalización y regeneración de playas, restaurar ecológicamente las zonas más deterioradas, y obligar a las grandes empresas hidroeléctricas que compensen los flujos de sedimentos fluviales que las grandes presas han parado’.

También denuncian que a día de hoy, en algunos casos, el Gobierno se está colocando de perfil en esta problemática, viendo como se deteriora nuestro litoral, si bien en otros casos, como en la costa de Castelló, está ejecutando obras de protección pendientes desde hace años.

UP propone medidas concretas basadas en la transparencia y la participación, y pensando en una realidad climática que pone en peligro las viviendas y las personas que viven cerca del mar.