La capacidad de gestión del equipo de Gobierno de la Diputación de Castellón, presidido por Javier Moliner, ha permitido que la institución provincial haya aprobado en el pleno celebrado hoy 6,6 millones de euros para acometer nuevas inversiones y una mayor reducción de la deuda, gracias a los ahorros generados. Así, la reducción de la deuda alcanza en 2013 su récord histórico, con 20 millones de euros, con lo que se cerrará este año con 98 millones de deuda, frente a los 140 millones de apenas dos años y medio antes.

La operación de amortización de préstamos, por valor de algo más de 5,1 millones de euros, permitirá que la Diputación pueda tener mayor capacidad inversora tanto en 2014, como en 2015 y 2016. Además, le permitirá finalizar 2015, coincidiendo con la legislatura, con 71 millones de euros de deuda. La previsión oficial es mantener este esfuerzo de control, hasta dejar la deuda, al finalizar el ejercicio de 2016, en 59,4 millones, lo que es prácticamente una tercera parte de lo que era en 2011 (140 millones de euros).

Esto demuestra que el trabajo tanto financiero como en la eficacia en la gestión y el ahorro en la contratación de obras y servicios está dando sus frutos. Así, además de disponer este mismo año de un millón y medio de euros más para carreteras y obras de abastecimiento de agua, principalmente, la Diputación también podrá añadir otros 2,1 millones de euros adicionales al capítulo de inversiones en 2014, así como otros tantos en 2015 y 1,1 millones más en 2016.

Así, buena parte de esa modificación de crédito se destinará, en 1,2 millones de euros a atender las necesidades más urgentes que han planteado los ayuntamientos en materia de carreteras dentro del Plan de Acción 2015. Entre ellas, se encuentran 425.000 euros para mejorar el firme de la CV-105 entre La Senia y Torremiró, a su paso por Castell de Cabres, y otros 175.000 euros para, principalmente, mejorar la seguridad vial de la CV-120 entre Forcall y el límite provincial, por la Mata de Morella, así como en la CV-122 de Todolella a Olocau.

El vicepresidente responsable del Área Económica de la Diputación, Miguel Barrachina, ha explicado que “estamos haciendo de la Diputación la administración que queríamos; más reducida, menos endeudada y con mayores prestaciones. Acabaremos la legislatura invirtiendo mucho más, debiendo la mitad y atendiendo a más municipios con más eficaces servicios para sus vecinos”.

En este sentido, el vicepresidente y portavoz de la Diputación, ha insistido en que “en la Diputación trabajamos por dar solución de forma eficaz a las cuestiones que nos plantean desde los ayuntamientos de la provincia. Y, además, hacerlo de forma responsable, amortizando deuda, para que haya cuantos más recursos mejor a disposición de los ciudadanos”.

Fracking

El punto más controvertido de la sesión plenaria ha transcurrido en el despacho extraordinario ante la moción presentada por el Grupo Socialista contra el fracking en la provincia por la que el grupo popular y Compromís han acusado al PSOE de querer romper el consenso ante el ‘fracking’ con una moción que han intentado cambiar a última hora, aunque tras muchas dudas han mantenido. Hay que recordar que la Diputación apoyo el informe de los expertos, que desaconsejaban las prospecciones en el norte de la provincia y con el que la institución ha liderado una nueva línea en esta polémica, priorizando la postura científica sobre la política.

Se trata de una moción que, tal y como ha destacado el portavoz popular, Miguel Barrachina “es reiterativa por ser la misma que han presentado hasta en otras tres ocasiones y que se refiere a un tema que alcanzó el consenso de los tres grupos políticos en el pasado pleno del mes de julio y que han asumido otras instituciones como las Cortes valencianas. Una moción que no entendemos porque viene a romper la postura unánime que logró la institución provincial en contra de la práctica del fracking en la provincia de acuerdo a las conclusiones del informe presentado por la comisión de expertos sobre la investigación de hidrocarburos en el norte de la provincia, y tras sumarse en última instancia el PSOE”.

Un contenido, el del acuerdo, que es el que ha conformado la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Popular, aprobada con los votos de PP y la abstención de Compromís.

Proyecto Castor

La corporación provincial ha aprobado por unanimidad pedir al Gobierno de España el cierre definitivo del almacén submarino de gas del Proyecto Castor y su posterior desmantelamiento. En el texto aprobado en el pleno se incluye la petición a la Generalitat para que ampare y defienda los municipios afectados y a la empresa promotora del proyecto que dé la máxima información y transparencia sobre todo lo que ocurre en dicho almacén. Asimismo, se incluye la petición a las administraciones competentes de que se adopten las medidas necesarias para proteger a la población preventivamente y en caso de necesidad.

A petición del PP, a través de este texto, la Diputación instará a Fiscalía a investigar, a los efectos de averiguar  si se ha producido algún ilícito penal en la redacción, tramitación y adjudicación del concurso de la Plataforma Castor, así como en la inclusión de la abusiva cláusula de 1.700 millones de euros de compensación a la empresa adjudicataria. Tal y como ha defendido el vicepresidente provincial y diputado de la zona, Andrés Martínez, “se trata de depurar responsabilidades y conocer si cada paso administrativo se dio del modo correcto”.

Encomienda de gestión de residuos

La aprobación de los costes del servicio de gestión de residuos de los ayuntamientos de la provincia con encomienda de gestión a la Diputación para el ejercicio de 2014 ha salido adelante con los votos favorables de los populares y Compromís. El Grupo Socialista ha votado en contra.

Dentro de esta estimación de los costes de la gestión de residuos, en el caso de los municipios incluidos en la Zona I-Áreas 1 y 2 (Els Ports-Maestrat), la Diputación asumirá la diferencia de seis puntos porcentuales existente entre el cálculo realizado inicialmente y el coste real debido a un error técnico producido al haberse computado viviendas de más. De ese modo, y por decisión del presidente Moliner, la Diputación asumirá esa diferencia, siendo el coste total de esa zona de 481.144 euros, un 2,68% más que en 2013.

En el caso de los municipios de la zona III-Área 7 (Alto Palancia), el coste total estimado en 390.984 euros, lo que supone una disminución del 7% respecto a 2013 debido a que se han eliminado los costes derivados del tratamiento de voluminosos que asumirá el Consorcio.

En el caso de la zona IV-Área 8 (Alto Mijares) supondrán un coste de 409.147 euros, con un incremento comunicado por el gerente de Reciplasa estimado en el 4,08%.

GRÁFICO EVOLUCIÓN ENDEUDAMIENTO DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN