La reforma fiscal valenciana se aprobará el próximo lunes en un pleno extraordinario del Consell, que además de tramitar ese decreto ley tratará la conocida como ley de Acompañamiento a los presupuestos para 2023, según ha anunciado este jueves el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Durante la sesión de control en Les Corts, la oposición ha reprochado a Puig que hayan pasado veintitrés días desde que anunciara una reforma fiscal que han calificado de «fantasma» porque ni se aprobado ni se conocen sus detalles, e incluso el PP le ha acusado de subir un 10 % más de 4.500 tasas autonómicas en la ley de acompañamiento para 2023.

AVANZAR EN LA PROGRESIVIDAD

El president ha asegurado además que en los presupuestos de la Generalitat para el próximo año se continuará avanzando en la progresividad fiscal, y ha explicado que la reforma fiscal que se aprobará el lunes tendrá efecto retroactivo a 2022.

Ha reivindicado hay dos modelos para salir de la crisis: el conservador, basado a su juicio en «subir impuestos y recortar los servicios públicos», y el progresista, y ha aseverado que la única forma de blindar los servicios públicos es que haya una mayoría de progreso en Les Corts.

La síndica del PP, María José Catalá, ha acusado al Consell de subir los impuestos «por la puerta de atrás», ya que el anteproyecto de ley de acompañamiento sube 4.529 tasas un 10 %, y ha considerado que si la reforma fiscal estuviera cerrada con los socios de gobierno se aprobaría en el pleno ya de este viernes, por lo que el anuncio del lunes es una «amenaza» a Compromís y Podem.

Catalá ha ofrecido a Puig los votos del PP para pactar enmiendas que mejoren los presupuestos estatales y no subir impuestos a azulejeras, industrias y turismo; ha acusado al Consell de andar «como pollo sin cabeza»; y ha instado a convocar ya las elecciones, a lo que el president le ha respondido que donde tienen que convocar elecciones es en Reino Unido, tras el «fracaso monumental» de su receta impositiva.

A las críticas a la baja inversión para Alicante de los presupuestos del Estado de 2023, Puig ha replicado que se está trabajando en un «reequilibrio», y ha criticado el «cinismo» del PP, que «grita como si fuera el fin del mundo» cuando la Comunitat recibe el 9’4 % de las inversiones mientras que cuando gobernaban nunca se pasó del 6 %.

La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha señalado irónicamente que la «rompedora rebelión fiscal» supone una media de 9 euros al mes; ha destacado que hasta agosto la Generalitat ha recaudado 1.800 millones más que el año pasado, pero ofrecen una reforma de 150 millones; y ha lamentado que la Comunitat sea «el infierno fiscal de España».

La síndica de Compromís, Papi Robles, ha destacado que las reformas fiscales valencianas debe garantizar los ingresos, para que la ciudadanía tenga la tranquilidad de tener los servicios públicos garantizados, y además ha pedido que en los contrataciones públicas se de prioridad a las empresas con cláusula salarial, para primar a las que mejor retribuyen a los trabajadores.

Puig ha respondido que los salarios se han de adecuar a la realidad y así se va a impulsar en el marco del diálogo social, y ha explicado que el 16 de noviembre entrará el vigor el decreto aprobado en agosto que regula la inclusión cláusulas de responsabilidad social en la contratación.

CÁNCER DE MAMA Y AYUDAS AL TRANSPORTE

El president también ha anunciado que la Conselleria de Sanidad elevará hasta los 74 años el cribado o detección precoz del cáncer de mama a partir de enero de 2023, que hasta ahora se lleva a cabo a las mujeres de entre 45 y 69 años de edad, dentro de la ampliación de la cartera de servicios.

Asimismo, ha adelantado que la rebaja del 30 por ciento en el precio del transporte público de competencia autonómica (incluidas las concesiones de los autobuses), que inicialmente iba a estar vigente hasta el 31 de diciembre, se prorrogará hasta final de 2023.

La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha reclamado medidas «valientes» en este ámbito, como la gratuidad del transporte público valenciano para los usuarios habituales o un abono mensual de diez euros para todo el transporte, a semejanza de lo que se hace en Alemania.

En la sesión de control la síndica de Vox, Ana Vega, ha acusado al Consell de incumplir la Constitución con su política educativa, a lo que el president le ha replicado que lea la Constitución «entera, y no a ratitos y a trocitos», pues en ella se habla de formar a los ciudadanos en valores democráticos.