El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, y el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, han firmado hoy dos convenios de colaboración con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad (TBC’s).

Al acto de la rúbrica de ambos convenios, que se ha celebrado en la subdelegación del Gobierno de Castellón, han asistido la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sanchez de León, y el subdelegado del Gobierno en esta provincia, David Balleres.

Con estos acuerdos, tanto la Diputación como el Ayuntamiento se comprometen a facilitar a la Administración penitenciaria 62 plazas para que personas condenadas a TBC’s cumplan la pena impuesta por el juez, mediante el desarrollo de actividades o tareas de utilidad pública, constructiva y práctica. De esta manera, se reparará el daño causado reportando un beneficio a la sociedad.

Los Servicios de Penas y Medidas Alternativas serán los encargados de valorar al penado y de determinar la actividad más adecuada a desempeñar, en función del delito cometido y de las plazas de las que se disponen para el cumplimiento. El seguimiento y control de la pena correrá a cargo tanto de Instituciones Penitenciarias como del Ayuntamiento y la Diputación.

En concreto, el Consistorio ofertará 52 plazas distribuidas entre las áreas municipales de Seguridad Pública, Desarrollo Sostenible, Inmigración y Convivencia Social, Deportes y Juventud.

Por su parte, la Diputación ofrecerá 10 plazas para desempeñar trabajos en el Parque Móvil y Taller Provincial, Acción Social, Servicio Provincial de Asistencia a Municipios (SEPAM), Complejo Socioeducativo “Penyeta Roja” y el Museo Etnológico.

Los dos convenios, que entrarán en vigor mañana, tienen una vigencia de un año prorrogable hasta que una de las partes manifieste su disconformidad en alguno de los puntos que recoge